La Municipalidad de Asunción informó que ha proveído todas las documentaciones requeridas, tanto por la Contraloría General de la República (CGR) como por la Fiscalía General del Estado, en torno a las investigaciones sobre los gastos realizados en tiempos de pandemia.
El director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Benito Torres y la directora general de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Comuna Capitalina, Nidia López, ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles sobre las acciones realizadas por la institución para dar respuesta a los requerimientos tanto de la Contraloría y el Ministerio Público.
Torres recordó que la institución municipal había solicitado la Auditoría Especial de la Contraloría General de la República, a los efectos de que la documentación que obra y todas las compras realizadas en su momento, sean auditadas por esta instancia, que es el único órgano constitucional que debe verificar los gastos, adquisiciones y todo lo referente a la cuestión financiera del Estado y las Municipalidades.
10 días de prorroga
Torres aclaró que, en ese sentido y en su oportunidad, dentro del plazo que estableció la Contraloría de cinco días, se presentó parcialmente la documentación requerida por la institución, como así también la contestación de los puntos referidos.
“Y en ese contexto se había solicitado una prórroga de 20 días, lo cual la Contraloría nos otorgó 10 días y que expiraba el día viernes, hasta las 3 de la tarde, que es la hora en que se cierra la Contraloría”, detalló.
Destacó que mediante el trabajo tesonero de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD), que trabajó sin descanso para poder cumplir en tiempo y forma, antes del plazo ya se arrimó toda la documentación y todo lo que ha solicitado la Contraloría, iniciándose con ello el proceso de auditoría.
“Como bien sabemos, el proceso de auditoría tiene su reglamento y se establece claramente cuál es el procedimiento a seguir. En este momento toda la documentación y todo lo requerido por la institución queda en manos de la Contraloría, a los efectos de auditar y, si existiere algún tipo de observación, debe correrle nuevamente traslado a la Municipalidad de Asunción para que le conteste y, posteriormente, la Contraloría llegará a la conclusión que corresponda, con lo cual quedará dirimido el juzgamiento de todo ese proceso”, aseveró.
El 8 de octubre se designó fiscales y el ya 13 remitieron oficios
Con relación al tema de la investigación abierta en el Ministerio Público, el asesor jurídico de Asunción señaló que aparentemente hubo cierta desinformación o comunicación insuficiente, entre el Ministerio Público y los medios.
“Sin entrar a polemizar sobre el particular, quiero reseñar que en el Ministerio Público hubo una denuncia. Sin entrar a calificar la denuncia, la Fiscalía General, en fecha 8 de octubre, designa los fiscales. Nosotros desde un primer momento dijimos, públicamente, que estábamos a disposición de ella y el Ministerio Público procedió, como corresponde en este tipo de situaciones, a solicitar toda la documentación que consideran pertinente para la investigación de referencia”, mencionó.
En ese sentido puntualizó que en fecha 13 de octubre, por oficio 1122 del 2021, llega el primer requerimiento fiscal a la Municipalidad, que tiene ingreso el día 14, por el cual otorgaron 72 horas para acompañar toda la documentación que ellos consideran pertinente.
“Posteriormente, en fecha 24 de octubre, solicita una ampliación de esos informes, que también fueron todos puestos a disposición del órgano o del representante de la sociedad, que es el Ministerio Público, a sus efectos. Toda la documentación fue debidamente autenticada por escribano público, de forma tal a que tenga certeza y sea considerada como instrumento público. Optamos por esta vía justamente para desmeritar cualquier tipo de suspicacia y por eso no hemos recurrido a que el mismo proceso de autenticación sea realizado por funcionarios de la institución”, explicó.
Resaltó entonces que, con lo realizado hasta la fecha, se ha cumplido con ambas instituciones, que son los encargados de realizar la investigación pertinente y en donde se van a dirimir estas cuestiones. ·
“Esperamos que sea con la mayor objetividad posible, lo cual, haciendo una autocrítica, tanto nuestra como a las demás, queremos que se le dé el mismo tratamiento. Que todo sea relacionado y redactado de acuerdo con ese principio, que es el principio de objetividad”, enfatizó.
Se necesita la conclusión de la Contraloría
Sobre el requerimiento de ciertos medios de comunicación, en el sentido de por qué no existe, hasta la fecha, una imputación, indicó que es porque se está en el proceso investigativo y de evaluación de las documentaciones arrimadas.
“Jurídicamente hablando, y pasada la efervescencia electoral, en todo proceso, y en especial cuando estamos hablando de este tipo de investigaciones, es necesaria e ineludible la conclusión de la Contraloría General de la República, en donde no solamente se auditan los documentos sino también se determina la responsabilidad de cada funcionario. No hay que perder de vista lo que es la responsabilidad personal de cada funcionario, que es de rango constitucional. La Constitución establece claramente que los funcionarios son personalmente responsables por sus actos. Y estamos en ese estadio. Jurídicamente hablando, en este momento no existen imputaciones y no pueden haber imputaciones, por la sencilla razón de que se deben agotar las vías pertinentes. Y no se puede hablar de que existe algún tipo de dilación en ningún orden porque el procedimiento de la auditoría de Contraloría está reglada. Como así también el Ministerio Público tiene el procedimiento investigativo y para ello tiene los resortes, llámese el análisis financiero o lo que tengan que realizar, con respecto a toda la documentación puesta a consideración de cada uno de ellos”, resaltó Torres.
