La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, está de nuevo ante otra amenaza de del juicio político. Desde que llegó al Ministerio Público fue sometida y debió convivir con dicha realidad. La última vez no se consiguieron los votos necesarios ni siquiera para acusarla, ya que se requería una mayoría absoluta de dos tercios; es decir, 53 de 80 votos para aprobar la acusación. Votaron por el juicio político 18 diputados y por el rechazo 58. Hubo tres ausencias y una abstención.
Aquella vez entre los puntos del libelo acusatorio, lo que más usó la oposición, fue la aparente mediación de la fiscala para que el empresario Karim Salum, ligado al expresidente Horacio Cartes, no acuda al albergue tras su llegada de los Estados Unidos de América, como sí lo hizo el resto de la delegación.
Lo cierto es que la amenaza del juicio político es más bien alentada por un sector de la prensa y el mismo grupo que ya varias veces intento sacar a la FGE. Por de pronto, ni se presentó el pedido y los colorados, en mayoría, ya hablan de archivar el caso si es que se presenta en Diputados.
