Una desprolija redacción publicada por un medio asunceno expuso que en el departamento de Caazapá existiría una suerte de confabulación entre políticos colorados y de izquierda para apoderarse de tierras agrícolas de legítimos propietarios. La nota en cuestión, que llevaba calificativos y medias verdades, llamativamente no estaba firmada por ningún periodista ni el corresponsal de la zona.
El día de ayer fue publicado en la edición impresa y digital de un diario capitalino que fiscales de Luque allanaron “sin orden judicial finca de Itapúa, en causa de Caazapá”. Mencionaba además que el equipo fiscal se creó, por resolución 3.561 firmada el 27 de agosto pasado, integrado por Sandra Ledesma Espinoza, Augusto Ledesma Blasser y Roberto Zacarías.
En la nota en cuestión se objetó el nombramiento de dicho equipo ya que Caazapá cuenta con con agentes del Ministerio Público. El periodista que redactó la nota criticó que en vez de intervenir en Caazapá, los fiscales intervinieron en Itapúa, olvidando que la propiedad en cuestión abarca ambos departamentos.
La tierra intervenida estaba ocupada por Yolanda Acosta de Miguelín que, según fuentes de la Fiscalía, fue detenida e imputada y llevada al Juzgado de Caazapá y no al de Luque, como informó ayer el matutino en sus dos plataformas.
La Fiscalía, según comentaron los agentes policiales intervinientes, no apeló a su oficina de Caazapá para actuar en este operativo, sino a la de Luque, de modo a evitar cualquier mal entendido, ya que el político oficialista Pipo Díaz, hermano del exfiscal general Javier Díaz Verón, es el gobernador de Caazapá. La fiscalía caazapeña está influida por el poder político del gobernador.
La publicación del matutino también ignoró que hay una causa penal anterior de invasión sobre el inmueble, de 500 hectáreas, en la cual varias personas están imputadas y en rebeldía, ya que no se han presentado al juicio oral respectivo. El esposo de Yolanda Acosta, un brasileño, es conocido financista de políticos caazapeños por lo que gozaría de protección fiscal, policial, judicial y política en la zona. El interés del inmigrante sería apropiarse de un total de 500 hectáreas pertenecientes a otras personas.
Intendentes de la zona estarían comprometidos en esta mafia de ocupación de tierras privadas y no se descarta que un senador del Frente Guasu (Richer) también esté involucrado en esta rosca.
Contrario a lo publicado por el medio de prensa asunceno, la posesión del inmueble no fue entregado a un abogado mencionado en el artículo, ya que, según la Fiscalía, el profesional solo figura en el poder como interviniente y no precisamente como apoderado.
Otra cosa que cuestiona la publicación del medio es que se actuó sin orden judicial, sin embargo, un fiscal no precisa de una orden judicial para intervenir un hecho punible, tampoco para ingresar a una propiedad si cuenta con el consentimiento del legítimo propietario como fue en este caso.
Otra imprecisión de la nota periodística dada a conocer en la víspera señala que la señora detenida e imputada fue trasladada desde Caazapá hasta Luque para declarar, lo que es totalmente falso. La misma fue llevada al juzgado de Caazapá, distante a una hora del lugar del cese del hecho punible. Los funcionarios judiciales informaron que los acusados como invasores del inmueble no pudieron presentar ningún título de propiedad que acredite su titularidad sobre el inmueble invadido.
