En una grave acusación que sacude el ámbito político, la activista opositora Ester Roa denunció la filtración de documentos privados a través de la Comisión de Control de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Congreso Nacional. La denuncia fue presentada después de que, en la noche del martes, comenzaran a circular contratos y recibos financieros que implican a diversas figuras opositoras o críticas del gobierno colorado encabezado por Santiago Peña.
Uno de los documentos filtrados involucra a la propia Roa, una abogada y activista social, quien presuntamente prestó servicios profesionales a una organización no gubernamental. Este incidente ha generado indignación entre los opositores, quienes señalan que la comisión creada con el supuesto fin de controlar a las ONG no sería más que un “instrumento de persecución política”, utilizado para intimidar y desacreditar a aquellos que cuestionan al gobierno.
En una entrevista con el programa *La Información* de Radio La Unión, Ester Roa fue enfática al anunciar que interpondrá una denuncia formal contra esta filtración, la cual calificó de ilegal y como un ataque directo contra personas sin relación con la función pública. Roa subrayó que la divulgación de estos documentos constituye un delito, ya que no se trata de información de carácter público.
Lo más preocupante, según la activista, es que los documentos filtrados estaban foliados, lo que, a su criterio, prueba que provienen directamente del Senado de la Nación, donde la Comisión de Control de ONG tiene acceso a dicha información. Esto, a su juicio, deja en evidencia un mal uso de la comisión y plantea serios cuestionamientos sobre la privacidad y el uso de información privada por parte de las autoridades.
Esta situación ha generado un amplio debate sobre los límites del control estatal sobre las ONG y el respeto a los derechos de quienes colaboran con ellas, especialmente en un contexto donde se acusa al gobierno de reprimir la disidencia.