El desarrollo agroindustrial tiene también dificultades por causas de interminables abusos en denuncias infundadas motivadas por enconos personales. Dicha insistente campaña orquestada constituye traba para más inversiones. Lo llamativo es que la persistencia al daño se sigue generando cuando las causas penales recibieron el finiquito de parte de las instancias constitucionales, que son los únicos árbitros dentro de un Estado de Derecho. Un ejemplo es lo que soporta la empresa Somax Agro por parte de dos personas de apellido Osman.
Tal como iniciamos ayer, nuestro medio tiene los antecedentes de los hechos y los documentos respectivos sobre una serie de acciones promovidas contra la citada firma sobre la base de la mentira premeditada y el intento de engaño constante. Consta en acta de una Escribanía Pública «la incesante campaña mediática de desinformación y mentiras promovidas por los señores Wissan Osman y Jamal Osman», señala el escrito.
Las mencionadas personas, de manera sistemática, dirigen todo el operativo de agresión contra Somax Agro, utilizando para eso «informaciones falsas e imprecisas sobre hechos que fueron causas de dos causas penales, a la fecha ya finiquitada, con la manifiesta intención de dañar el buen nombre y la reputación de la empresa Somax Agro Sociedad Anónima».
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Los medios para obstaculizar el trabajo de la empresa Somax se basan, mayormente, en el ruido mediático y la vana repetida denuncia fiscal y judicial. Todo eso es para intentar sostener fuera del marco legal y jurídico presuntas acciones en la empresa Somax Agro. Los documentos ordenados, sin embargo, revelan que dichas intenciones nunca fueron validadas ni tuvieron valor en las instancias que definen el Estado de Derecho en una República. Pese a eso, las agresiones no cesan, constituyéndose en perjuicio para la imagen y buen nombre de la empresa, y la posibilidad de mayor desarrollo de la agroindustria.
