La Federación Latinoamericana de Fiscales manifestó su rechazo al recorte de más de G. 22.000 millones en el presupuesto del Ministerio Público y abogó por la reposición de los recursos que fueron descontados del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022.
Seguidamente, consideran que los Estados deberían establecer disposiciones legales que permitan “un manejo autónomo del presupuesto” asignado al Ministerio Público de cada país, así como la participación activa de la institución en su definición y en cualquier tipo de ajuste que pudiera producirse.
De esta manera, la Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su rechazo a la constante utilización en la región de los presupuestos de los Ministerios Públicos Fiscales como “modo de injerencias indebidas del orden político en el desarrollo de la acción penal”, haciendo énfasis en el caso de Paraguay donde la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó un recorte de G. 22.261 millones (más de USD 3 millones) en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2022.
“De efectivizarse dicho cercenamiento, hay un riesgo concreto de que el Ministerio Público no pueda afrontar con los costos necesarios para su operatividad”, refiere el comunicado firmado por este gremio.
Desde la federación que aglutina a los agentes fiscales de la región exigen que el Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo hagan lo necesario para rever esta decisión, en el entendimiento de que una reducción arbitraria del presupuesto para la Fiscalía dificultará a la comunidad al acceso a una justicia imparcial donde se contenga a las víctimas y disminuyan los grados de impunidad en el orden delictivo.
