Algunos magistrados ya no disimulan su total falta de interés por la delicada tarea de impartir justicia. Un ejemplo es el caso Liz Ramírez, jueza Penal de Sentencia de Central, quien suspendió 9 juicios alegando simplemente «motivos particulares». El caso fue denunciado en plena sesión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fuente: cuartopoder.com.py/medio aliado
Fue el ministro Eugenio Jiménez Rolón quien compartió con sus colegas su preocupación por un llamativo caso que implica a la citada jueza de Central ante su decisión de suspender 9 juicios.
«He recibido el primero de los informes que ha dispuesto el pleno de la Corte Suprema de Justicia para todas las circunscripciones de la República con referencia a los motivos de suspensión de audiencias y llama la atención que se suspenden audiencias, por ejemplo, por motivos particulares», detalló Giménez en referencia a la magistrada Liz Ramírez.
Agregó que la jueza de Central suspendió nueve audiencias por motivos particulares: cuatro el 21 de mayo, otras cuatro al día siguiente y una última el 24 de mayo.
«Es un tanto llamativo que, en atención a la delegación de motivos particulares, se recurre a suplentes y tampoco pueden, ya sea porque les coincide con otras audiencias o por otras razones, pero lo cierto es que este primer informe tenemos que tomar como base para adoptar decisiones de manera a evitar que esto siga sucediendo», sentenció el ministro de la Corte.
«Aplazadora serial de juicios» tiene una denuncia en el JEM
Ya un abogado formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sobre la jueza Liz Ramírez, por supuestamente haber intervenido de forma personal en un proceso sobre violación del deber de cuidado a favor de una de las partes.
Según los antecedentes expuestos por el acusador, el tribunal encabezado por Ramírez y los jueces Javier Sapena y Carolina Silveira, resolvieron por mayoría aplicar una pena de 8 meses con suspensión de la ejecución. El voto de Ramírez fue por la absolución, según detalla el escrito.
Resulta que la hoy acusada, desde el inicio del juicio oral y público, se erigió en una suerte de abogada defensora de la acusada, pues permitió básicamente que la misma y su defensa hagan lo que se les plazca en el juicio oral, permitiendo la realización de preguntas totalmente intrascendentes con el sólo fin de desacreditar al denunciante, como si yo fuera la persona juzgada, intentando de esta forma a través de una estrategia «sensacionalista y perversa» desacreditar su persona, todo esto sin que la defensa técnica ni material rebata los hechos objeto de la acusación fiscal y de la querella particular.
En la acusación se detalla además que la magistrada junto con la acusada estarían ejerciendo presión a fin de que la sentencia de primera instancia sea confirmada en Cámara de Apelación, a donde el acusador recurrió la condena de 8 meses con suspensión.
Incluso refiere que una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, que es familiar de la condenada con suspensión de la ejecución, formaría parte de este esquema de presión a magistrados de segunda instancia.
