Una nota firmada por el periodista Roque González Vera publicada en la edición impresa de ABC Color hoy sábado resultó bastante llamativa para varios referentes del sector productivo, atendiendo que el artículo es un «refrito» (repetición) de un artículo ya publicado la semana pasada y que defiende a personas que promueven invasiones en el departamento de Caazapá y son amparadas por referentes del Frente Guasu y ANR.
Lo único novedoso del artículo de la fecha, en referencia a lo ya publicado hace 10 días días, es una frase sacada de contexto de la jueza en lo Penal de Garantías de Caazapá, Blanca Tillería de Cristaldo, comentaron productores de la zona.
González Vera, quien sería quien redactó el artículo de la semana pasada, ya fue obligado a firmar la nota que sale hoy en ABC. En ambas notas comenta un hecho ocurrido ya el mes pasado, señalando que fiscales de Luque allanaron “sin orden judicial finca de Itapúa, en causa de Caazapá”. Mencionaba además que el equipo fiscal se creó, por Resolución 3.561, firmada el 27 de agosto pasado, integrado por Sandra Ledesma Espinoza, Augusto Ledesma Blasser y Roberto Zacarías.
En los artículos en cuestión se objetó el nombramiento de dicho equipo con base en Luque, ya que Caazapá cuenta con con agentes del Ministerio Público. González Vera criticó que en vez de intervenir en Caazapá, los fiscales intervinieron en Itapúa, olvidando mencionar el dato de que la propiedad en cuestión está asentada en ambos departamentos. La Fiscalía, según comentaron los agentes policiales intervinientes, no apeló a su oficina de Caazapá para actuar en este operativo, sino a la de Luque, de modo a evitar cualquier mal entendido, ya que el político oficialista Pipo Díaz, hermano del exfiscal general Javier Díaz Verón, es el gobernador de Caazapá y la fiscalía caazapeña está influida por el poder político del gobernador.
La tierra intervenida estaba ocupada por Yolanda Acosta de Miguelín que, según fuentes de la Fiscalía, fue detenida e imputada y llevada al Juzgado de Caazapá y no al de Luque, como informó el matutino. La publicación también ignoró que hay una causa penal anterior de invasión sobre el inmueble, de 500 hectáreas, en la cual varias personas están imputadas y en rebeldía, ya que no se han presentado al juicio oral respectivo.
El esposo de Yolanda Acosta, un brasileño, es conocido financista de políticos caazapeños por lo que gozaría de protección fiscal, policial, judicial y política en la zona, además de estar pagando a medios y comunicadores. El interés del inmigrante sería apropiarse de un total de 500 hectáreas pertenecientes a otras personas.
Intendentes de la zona de Caazapá estarían comprometidos en esta mafia de ocupación de tierras privadas y un senador del Frente Guasu (Hugo Richer) ya fue señalado de estar involucrado en esta rosca.
Contrario a lo publicado por ABC Color, la posesión del inmueble no fue entregado a un abogado mencionado en el artículo, ya que, según la Fiscalía, el profesional solo figura en el poder como interviniente y no precisamente como apoderado.
Otra cosa que cuestiona la publicación del medio es que se actuó sin orden judicial, sin embargo, un fiscal no precisa de una orden judicial para intervenir un hecho punible, tampoco para ingresar a una propiedad si cuenta con el consentimiento del legítimo propietario, como fue en este caso.
Otra imprecisión de la notas periodísticas es que la señora detenida e imputada fue trasladada desde Caazapá hasta Luque para declarar, lo que es totalmente falso. La misma fue llevada al juzgado de Caazapá, distante a una hora del lugar del cese del hecho punible. Los funcionarios judiciales informaron que los acusados como invasores del inmueble no pudieron presentar ningún título de propiedad que acredite su titularidad sobre el inmueble invadido.
